Por Ismael Calderón Larach
Concejal de Santiago
Concejal de Santiago
En este patrón de problemas nos debemos dar el trabajo de mirar la ciudad como un sistema complejo, en permanente cambio y evolución.
La famosa frase del asesor de campaña de Bill Clinton en 1992, “¡es la economía, estúpido!”, es lo que le dio el triunfo. Hoy, podemos decirles a los municipios que el alcohol no es el problema; son las personas que beben el alcohol las que provocan los problemas. Si bien podemos reconocer que el aumento de la demanda para encontrar fácilmente el trago, la falta de regulación en las actividades comerciales y la ausencia de control de los lugares de expendio son también parte del problema, es importante poner la atención en que la falta de cultura etílica (diría un amigo en la barra de un bar), está causando los problemas en muchos lugares de Santiago. En definitiva, un dilema cultural que podría ser pasto de una legión de profesionales en estudios sociológicos.Pero adentrémonos en los problemas con que la experiencia nos puede contribuir para aplicar la actual legislación en torno al otorgamiento de patentes de alcohol. El municipio da o quita, ésa es la experiencia del reciente conflicto del barrio de la cerveza en La Reina. La facultad del concejo municipal de otorgar el permiso de alcoholes es una de sus prerrogativas. Pero esta facultad se ejerce después que la administración municipal otorga el visto bueno en diferentes ámbitos, Dirección de Obras Municipales, de Rentas o Inspección, en el caso de Santiago. O sea, la votación en el concejo municipal se da ex post, como en muchas decisiones municipales. Incluso si el concejo rechaza el permiso, la ley faculta a la administración comunal a dar otra oportunidad después de un tiempo.
En definitiva, no es del caso exculpar a los concejales de sus responsabilidades, sino dejar en claro que en el proceso de toma de decisiones falta una visión más sistémica de cómo funcionan las comunas. La falta de visión global implica que por estas decisiones se atrofian barrios enteros, donde se permite prácticamente ejercer a un solo rubro y la planificación urbana sólo muestra una visión concentradora de actividad económica, pero también externalidades negativas. Muchos de estos barrios se podrían mencionar como ejemplo en diversas comunas de Santiago.
Ahora bien, llegado el problema, nos es dado a las autoridades el trabajo de pensar soluciones. En Santiago no podemos cerrar los ojos a los graves problemas de seguridad que aquejan a diversos barrios producto del consumo de alcohol. Esto ya se ha establecido en varios estudios y procedimientos realizados por Carabineros sobre venta de alcohol a menores o problemas de seguridad. Para evitarlo, hace un tiempo hemos propuesto a diversos actores económicos y políticos comunales una modificación de la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Esta propuesta la han recogido el diputado Felipe Harboe y dirigentes gremiales de los rubros afectados.
La modificación tiene que ver con introducir una innovación que permita otorgar a los municipios el permiso de expendio de alcoholes en virtud de un acuerdo de convivencia previo entre los locatarios, los vecinos, el municipio respectivo y Carabineros de Chile. Dicho acuerdo de convivencia debería ser una instancia ex ante del otorgamiento de la patente de alcohol. Esta instancia la constituirían la junta de vecinos del sector, un representante de Carabineros de la comisaría más cercana, un representante de la dirección que corresponda del municipio y una persona designada del gremio en cuestión, según corresponda al proyecto presentado. En dicho acuerdo se deberían señalar claramente los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Este acuerdo debería regirse por una suerte de descuento de puntos a los locales que no cumplan sus deberes, los cuales una vez acumulados permitan caducar la patente de expendio de alcoholes respectiva. De esta forma, se podría cambiar una Ley de Alcoholes que muchos califican como mala y aprovechar para remozar su articulado, a fin de ir confeccionando una mejor ley para el futuro.
La acción política concertada entre actores económicos, sociales y político-administrativos se ha demostrado muy eficaz en la solución de los problemas urbanos del tipo que deseamos modificar con las medidas antes comentadas.
Otra vía de este tipo de soluciones tiene que ver con el aumento de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Cuando los problemas sobrepasan a las autoridades debemos recordar que también la política, en este caso la política urbana, también se puede hacer más allá de las decisiones que la autoridad toma ante sí y para que sus acciones se faciliten. La toma de decisiones se da más fluidamente cuando los diversos actores ciudadanos son también parte de la búsqueda de soluciones a problemas cada vez más complejos. De ahí que en el caso de la Ley de Alcoholes y su relación con las decisiones municipales, no debe sólo primar un tipo de razones, sino que en este patrón de problemas nos debemos dar el trabajo de mirar la ciudad como un sistema complejo, en permanente cambio y evolución.
